La Familia Michoacana opera una vasta red de extorsión en el Estado de México. Un operativo, parte de la estrategia nacional antiextorsión lanzada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 6 de julio, ha revelado el alcance de la organización criminal en el sur del estado. Allí, los extorsionadores controlaban todo tipo de negocios: ferreterías, carnicerías, granjas, distribuidores, proveedores de construcción, transporte e incluso paquetería. Mediante la propagación del miedo y las amenazas, la red distorsionó el mercado, afectando a productores, comerciantes y consumidores en 14 municipios, incluyendo dos populares destinos turísticos: Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal.
La operación de las autoridades, denominada Operación Liberación, reunió el martes a 2,866 elementos de la Secretaría de Seguridad en casi 700 vehículos para allanar 63 establecimientos y 52 inmuebles en municipios como Texcaltitlán, Sultepec y Tejupilco. El operativo resultó en la detención de ocho personas responsables de coordinar las cadenas ilegales.
La extorsión en la zona no se limita a los esquemas de protección, una de las prácticas más comunes. La Familia Michoacana impuso precios exorbitantes y obligó a los comerciantes a vender o comprar en puntos específicos, explicó el martes la Fiscalía del Estado de México. En municipios como Malinalco, por ejemplo, los comerciantes no podían vender cemento, excepto en Ixtapan de la Sal o Tejupilco, como parte de las condiciones impuestas por el cártel. Un kilo de varilla corrugada, por ejemplo, pasó de costar 18 pesos en Toluca a 45 en Valle de Bravo. Un muslo de pollo, que cuesta 50 pesos en la capital del estado, llegó a costar 120 pesos en Sultepec. Un kilo de alambrón tenía un sobreprecio del 144%, y una tonelada de mortero, hasta del 20%.
También acopiaban animales de granja, pollo, res y cerdo, y toneladas de cemento, varilla y grava almacenados ilegalmente. Además de almacenar alimentos, materiales y animales, interceptaban paquetes. En Tejupilco, el grupo tenía un centro clandestino donde inspeccionaban envíos de empresas como FedEx y Mercado Libre. Si el paquete les interesaba, lo retenían; si no, cobraban al destinatario una tarifa por su envío.
“Combatir a este grupo delictivo era un asunto urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias”, afirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch , quien coordina el plan para combatir esta epidemia con inteligencia policial y financiera en estados estratégicos, incluida la Ciudad de México, además de campañas para incentivar a la ciudadanía a denunciar los delitos.
La Familia también controló sindicatos como el Sindicato Libertad y el Sindicato Bradosva, con los que sustituyó a los transportistas independientes y asumió el control total de los abastos en municipios como Donato Guerra, Texcaltitlán y Villa de Allende.
El martes, mientras se desarrollaba el operativo, miembros de grupos conspiradores con La Familia organizaron bloqueos simultáneos en 10 municipios. Las carreteras de Valle de Bravo, Tejupilco, Tlatlaya, Atlacomulco e Ixtlahuaca fueron cerradas durante horas por grupos de taxistas y camioneros, presuntamente bajo las órdenes del grupo criminal, en respuesta directa al operativo y en un intento de ejercer presión.
La extorsión es el delito de mayor crecimiento en México en los últimos años. Si bien afecta a casi siete millones de personas cada año, solo el 0.2% se atreve a denunciarlo por temor a represalias. Desde el lanzamiento de la estrategia nacional contra la extorsión, según informó la Secretaría de Seguridad, se han detenido a 48 personas, 37 de ellas gracias a denuncias ciudadanas anónimas. Por su parte, Sheinbaum ha anunciado una reforma legal para perseguir el delito de oficio, sin que la víctima tenga que presentar una denuncia. El gobierno de Sheinbaum parece decidido a acabar con esta carga, ante la incertidumbre sobre si la ofensiva se mantendrá en el tiempo.
La Familia Michoacana ha sido designada organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos . En abril pasado, la Casa Blanca persiguió al grupo, con sede principalmente en Guerrero y Michoacán, por tráfico de fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína, además de su participación en actos de terrorismo y violencia en México. El Departamento del Tesoro anunció sanciones económicas contra sus dos líderes, los hermanos Johnny “El Pez” y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga , y ofreció una recompensa de 8 millones de dólares por información que conduzca a su captura.