La administración del presidente Donald Trump acordó el viernes pausar los esfuerzos para impedir que los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos accedan a ciertos servicios sociales financiados por el gobierno federal en 20 estados liderados por demócratas que demandaron por los cambios de política.
Los Departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos, Educación y Trabajo de Estados Unidos acordaron esperar al menos hasta el 3 de septiembre para implementar los cambios que afectan a los programas que brindan educación, alimentación y atención médica a la primera infancia.
Las agencias también acordaron no aplicar los cambios retroactivamente en Nueva York, California, Illinois o los otros estados que demandaron, según un acuerdo presentado en el tribunal federal de Rhode Island, donde los estados habían presentado su demanda.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que el acuerdo preserva los servicios sociales “de los que millones de neoyorquinos dependen para sobrevivir”.
“Estos cambios de política amenazan recursos esenciales como la atención médica, la educación y los programas de asistencia nutricional para las familias trabajadoras de Nueva York y del país”, declaró James en un comunicado. “Mi oficina seguirá luchando por estos programas y servicios en nombre de todos los que los necesitan”.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Más de 20 fiscales generales demócratas presentaron una demanda el lunes argumentando que las políticas, que implementan una orden ejecutiva de Trump centrada en la inmigración, son inconstitucionales y que el presidente republicano las emitió sin seguir el proceso de elaboración de normas federales requerido.
Los cambios en las políticas exigen que los programas verifiquen el estatus migratorio de los participantes antes de brindarles acceso a servicios públicos esenciales como Head Start, Meals on Wheels, programas de bienestar infantil, albergues para víctimas de violencia doméstica, asistencia para la vivienda, tratamiento de salud mental, bancos de alimentos y centros de salud comunitarios. Los estados afirmaron que las directivas amenazaban con retirarles la financiación federal y podrían obligar a algunos programas a cerrar por completo.
Los requisitos entraron en vigor casi inmediatamente después de que se emitieron las directivas, lo que dejó a los programas luchando por encontrar formas de cumplirlos para poder permanecer abiertos, dijeron los estados.
Los estados siempre han tenido que verificar el estatus migratorio legal de una persona antes de permitirle acceder a ciertos programas federales, como Medicaid. Sin embargo, las agencias federales han adoptado anteriormente la postura de que los estados no estaban obligados a verificar el estatus migratorio para algunos programas, como comedores sociales, albergues para personas sin hogar y centros de apoyo psicológico en crisis, que recibían financiación federal pero que estaban diseñados para ser “abiertos a todos”, según la demanda.