Cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo para un segundo mandato el 20 de enero de 2025, un cambio menos visible, pero de gran trascendencia, comenzó a ocurrir en todo el país. La financiación de Head Start, el programa federal de educación temprana que atiende a casi 800,000 niños de bajos recursos, se retrasó discretamente, lo que provocó confusión, cierres y caos. Ahora, el propio organismo de control del gobierno afirma que ese retraso fue ilegal.
GAO: El HHS violó la ley federal
En un informe publicado el miércoles, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) concluyó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) violó la Ley de Control de Embargos de 1974. Esta ley prohíbe al poder ejecutivo retener fondos aprobados por el Congreso sin justificación formal y notificación al Congreso.
“Concluimos que el HHS violó la ICA”, declaró la GAO, citando la omisión de la agencia en distribuir los fondos de Head Start entre el 20 de enero y el 25 de abril. Si bien los pagos finalmente se reanudaron, la interrupción ya había causado daños a las familias, los educadores y la infraestructura de atención a la primera infancia.
El HHS contraataca
A pesar de la determinación de la GAO, el HHS cuestionó enérgicamente las conclusiones. “El HHS no confiscó los fondos de Head Start y cuestiona la conclusión del informe de la GAO”, declaró Andrew Nixon, Director de Comunicaciones del HHS. Añadió: “La GAO debe anticipar una próxima respuesta del HHS para incorporarla en un informe actualizado”.
Los funcionarios de la GAO señalaron que el HHS no proporcionó la información que solicitaron sobre las demoras, lo que socavó aún más la defensa del departamento.
Familias abandonadas
Las consecuencias fueron inmediatas y generalizadas. Los padres que dependían de los programas Head Start se vieron repentinamente obligados a buscar cuidado infantil de emergencia, a menudo con un coste personal. Algunos centros suspendieron servicios o advirtieron de cierres inminentes, mientras que el personal se enfrentó a despidos e incertidumbre financiera.
En mayo, Reuters informó que los retrasos en la aprobación de subvenciones habían dejado a muchos centros Head Start del país en una situación inestable. El cierre de cinco oficinas regionales del HHS —ubicadas en Boston, Chicago, Nueva York, Seattle y San Francisco— solo profundizó la parálisis operativa.
Una estrategia más amplia para reducir el tamaño del gobierno
La congelación de fondos de Head Start no fue un hecho aislado. Formó parte de un esfuerzo radical de la administración Trump para recortar drásticamente el gasto federal y reducir el tamaño del gobierno. Al frente de esta iniciativa estaba Elon Musk, quien fue nombrado para dirigir el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
Según los registros de financiación que mantienen los demócratas del Congreso, casi 943 millones de dólares en fondos de Head Start se congelaron en algún momento de este año. En todas las agencias, aproximadamente 425 mil millones de dólares en fondos federales estaban suspendidos al 3 de junio.
La indignación en el Congreso aumenta
Los legisladores reaccionaron con firmeza a las conclusiones de la GAO. La representante Rosa DeLauro, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, emitió una evaluación contundente.
“No importa cuánto tiempo estuvieron congelados estos fondos. El caos y la incertidumbre de retenerlos ilegalmente son costosos y perjudican a los cientos de miles de familias que dependen de Head Start”, dijo.
Se avecinan consecuencias legales y políticas
El fallo de la GAO refuerza una serie de batallas legales y políticas que se están gestando en torno a las drásticas intervenciones presupuestarias de la administración. Si bien el HHS se ha comprometido a responder, los críticos argumentan que el daño ya está hecho.
Más allá de la infracción legal, se encuentra una pregunta más profunda sobre la autoridad ejecutiva. ¿Puede un presidente anular al Congreso en materia de gasto federal? ¿Y a qué costo para los más vulnerables del país?
Para los niños cuyos programas preescolares fueron cancelados y cuyos padres se vieron obligados a buscar atención de emergencia, estas preguntas no son teóricas. Son realidades cotidianas moldeadas por decisiones tomadas en Washington, y ahora consideradas ilegales por el principal organismo de control gubernamental del país.