Washington — La agencia federal que pidió a los trabajadores del gobierno que documentaran cinco cosas que lograron durante la semana pasada puso fin oficialmente a la práctica, que fue iniciada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk.
Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal, dijo en un comunicado que la oficina se comunicó con los responsables de recursos humanos de las agencias federales para informarles que ya no “gestionaría el proceso de las cinco cosas ni lo utilizaría internamente”.
“En OPM, creemos que los gerentes tienen la responsabilidad de mantenerse informados sobre el trabajo de sus equipos y cuentan con muchas otras herramientas para hacerlo”, afirmó Kupor.
En febrero, los trabajadores federales recibieron un correo electrónico instruyéndoles a documentar cinco cosas que habían logrado durante la semana anterior, mientras que Musk, quien en ese momento dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dijo que aquellos que no respondieran correrían el riesgo de perder sus empleos.
“No responder se considerará una renuncia”, escribió Musk en una publicación en X en ese momento. Añadió en una publicación posterior que “el listón es muy bajo”, indicando que escribirlo debería tomar menos de cinco minutos.
Los correos electrónicos formaban parte de una iniciativa para reducir la plantilla civil federal. Sin embargo, varias agencias les indicaron a los trabajadores que ignoraran la solicitud desde el principio, y la OPM indicó a los directores de las agencias que usaran su discreción al decidir cómo gestionar la directiva. En mayo, el Departamento de Defensa eliminó formalmente el requisito de contar con civiles, y muchas otras agencias han puesto fin a esta práctica o la gestionaban internamente.
Musk dejó su puesto de “empleado especial del gobierno” en mayo.
El Departamento de Justicia incluyó en su lista a 12 estados: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Minnesota, Nevada, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington, y el Distrito de Columbia. También incluyó los condados de Baltimore (Maryland), Cook (Illinois), San Diego (California) y San Francisco (California), además de 18 ciudades desde Seattle hasta Filadelfia.
En abril, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que ordenaba al Departamento de Justicia “publicar una lista de estados y jurisdicciones locales que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración” que se conocerían como “jurisdicciones santuario”.
Según la orden, el Departamento de Justicia debía notificar a cada jurisdicción sobre su incumplimiento de las leyes federales de inmigración. Si la jurisdicción persistía en el incumplimiento, la orden instruía al Departamento de Justicia a “ejercer todos los recursos legales y medidas coercitivas necesarias para poner fin a estas violaciones y lograr que dichas jurisdicciones cumplan con las leyes de Estados Unidos”.
El Departamento de Justicia ha emprendido acciones legales contra varias jurisdicciones santuario en los últimos meses, demandando a la ciudad de Nueva York en julio para impugnar sus leyes de ciudades santuario. Los republicanos en el Congreso también han abordado el tema en acaloradas audiencias de comités este año, cuestionando a alcaldes y gobernadores demócratas sobre las políticas de sus jurisdicciones.