MIAMI (AP) — Un juez federal ordenó el jueves la suspensión temporal de la construcción en un centro de detención de inmigrantes —construido en medio de los Everglades de Florida y apodado “Alligator Alcatraz”— mientras los abogados debaten si viola las leyes ambientales.
El centro puede continuar operando y albergando a detenidos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., pero se les prohibirá a los trabajadores realizar nuevas obras de relleno, pavimentación o infraestructura durante los próximos 14 días. La jueza federal de distrito Kathleen Williams emitió el fallo durante una audiencia y anunció que emitirá una orden escrita el jueves por la tarde.
Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee han solicitado a Williams que emita una orden judicial preliminar para detener las operaciones y continuar la construcción. La demanda alega que el proyecto amenaza humedales ambientalmente sensibles que albergan plantas y animales protegidos, y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.
Los demandantes presentaron testigos el miércoles y jueves en apoyo de la orden judicial, mientras que los abogados del gobierno estatal y federal tenían previsto presentarse la próxima semana.
Tras el testimonio del jueves, Paul Schwiep, abogado de los grupos ambientalistas, pidió a Williams que emitiera una orden de restricción temporal que al menos evitaría cualquier construcción nueva en el sitio mientras se discutía la orden judicial preliminar.
Williams le preguntó al abogado de Florida, Jesse Panuccio, si el estado aceptaría detener la construcción para no tener que emitir la orden de restricción. Señaló que cualquier cosa que se construyera en el sitio probablemente permanecería allí permanentemente, independientemente de cómo se resolviera el caso.
Panuccio dijo que no podía garantizar que el estado detendría todos los trabajos.
Esto dio lugar a una audiencia de una hora sobre la orden de restricción temporal, que estará vigente durante las próximas dos semanas mientras continúa la audiencia preliminar sobre la orden judicial, que aún está en curso.
El núcleo del argumento de los demandantes es que el centro de detención viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que requiere que las agencias federales evalúen los efectos ambientales de los grandes proyectos de construcción.
Panuccio dijo durante la audiencia que aunque el centro de detención albergaría a detenidos federales, la construcción y operación de la instalación está completamente bajo el estado de Florida, lo que significa que la revisión de la NEPA no se aplicaría.
Schwiep afirmó que el propósito del centro es la aplicación de las leyes migratorias, una función exclusivamente federal. Añadió que el centro no existiría si no fuera por el deseo del gobierno federal de contar con un centro para albergar a detenidos.
Williams dijo el jueves que el centro de detención era, como mínimo, una asociación conjunta entre el gobierno estatal y el federal.
La demanda en Miami contra las autoridades federales y estatales es uno de los dos desafíos legales al centro de detención del sur de Florida que fue construido hace más de un mes por el estado de Florida en una pista de aterrizaje aislada propiedad del condado de Miami-Dade.
Una segunda demanda interpuesta por grupos de derechos civiles alega que se están violando los derechos constitucionales de los detenidos, ya que se les prohíbe reunirse con abogados, se encuentran detenidos sin cargos y un tribunal federal de inmigración ha cancelado las audiencias de fianza. La audiencia de este caso está programada para el 18 de agosto.
Según los grupos ambientalistas y la tribu, según la ley ambiental federal de 55 años de antigüedad, las agencias federales deberían haber examinado cómo la construcción del centro de detención afectaría el medio ambiente, identificado formas de minimizar el impacto y seguido otras reglas de procedimiento como permitir los comentarios del público.