Desde la perspectiva de un profesor veterano, una institución histórica de 270 años de antigüedad había cedido ante una campaña de presión de mala fe. Otro profesor vio una decisión mesurada y madura de una universidad bajo presión.
Y entre los líderes judíos surgió un profundo desacuerdo sobre si Washington estaba realmente preocupado por el antisemitismo en el campus o si lo estaba usando como excusa para reprimir a una de las universidades más distinguidas del país.
Un día después de que la Universidad de Columbia alcanzara un acuerdo integral con la administración Trump para resolver las acusaciones de que no hizo lo suficiente para detener el acoso a estudiantes judíos, las reacciones en el campus del Alto Manhattan y en otros lugares variaron desde fuertes críticas hasta celebraciones. El miércoles, la universidad acordó pagar una multa de 200 millones de dólares y cumplir con otras exigencias a cambio de que se restableciera la financiación federal para la investigación.
Lee C. Bollinger, expresidente de Columbia, dijo que, dejando de lado las opiniones sobre la estrategia de la universidad, las acciones de la administración Trump “cruzan varias líneas muy serias y graves: legales, constitucionales y normas básicas”.
“Es un momento muy triste. No hay vuelta de hoja”, dijo Bollinger, y añadió: “Hay que salir con la sensación de que esto es una auténtica tragedia para la educación superior y el país”.
El acuerdo representó un hito importante en la batalla que la administración Trump mantuvo durante meses con las universidades de élite del país. Como parte del acuerdo, Columbia asumió varias promesas, entre ellas cumplir los compromisos adquiridos en marzo para abordar el antisemitismo y proporcionar datos de admisión a un organismo independiente para garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales que prohíben las admisiones basadas en criterios raciales.
Claire Shipman, presidenta interina de Columbia, calificó el acuerdo como un acto de equilibrio de alto riesgo. Afirmó que la universidad había buscado salvaguardar su independencia académica y sus valores fundamentales, sin perder de vista la insostenibilidad de las amenazas a la investigación y la acreditación.
La decisión de la universidad fue presentada públicamente “como una prueba de principios: una lucha binaria entre el coraje y la capitulación”, dijo Shipman.
“Pero como casi todo en la vida, la realidad es mucho más compleja”, escribió el miércoles en un mensaje a la comunidad universitaria. “Establecimos claramente nuestros límites académicos e institucionales innegociables, y decidimos dialogar y escuchar”.
Sin embargo, el jueves surgió un debate polarizado en el ámbito de la educación superior sobre si fue la decisión correcta negociar con una administración que ha dejado clara su misión de atacar y transformar drásticamente los campus universitarios de todo el país. ¿Acaso los líderes de Columbia pusieron en peligro su posición como una de las universidades más importantes del país? ¿O la salvaron?
Y desde los pasillos del Congreso hasta otras universidades privadas de investigación de primer nivel, donde los administradores enfrentan sus propias amenazas de financiación y han observado de cerca las tácticas de Washington, algunos temen que el acuerdo podría no poner fin de forma permanente a las amenazas y ultimátums contra Columbia.
Joseph R. Slaughter, profesor de literatura de Columbia y miembro del senado universitario, afirmó que el acuerdo parecía preservar cierta independencia institucional y libertad académica. Sin embargo, podría sentar un precedente peligroso para la normalización de la interferencia política en la docencia, la investigación y la búsqueda de la verdad, añadió.
Slaughter dijo que el acuerdo se parecía en algunos aspectos a un decreto de consentimiento, pero sin “las garantías legales ordinarias y la supervisión judicial que podrían proteger a Columbia de una mayor extorsión federal e interferencia política”.
“Esto deja a la universidad expuesta a los caprichos cambiantes de esta administración federal y sienta un precedente peligroso para la educación superior en todo Estados Unidos”, dijo en una declaración enviada por correo electrónico.
En Columbia, los administradores y fideicomisarios enfatizaron que varias de las medidas que se habían acordado adoptar ya estaban en marcha y que el gobierno federal no estaría facultado para dictar decisiones sobre contrataciones, admisiones o libertad de expresión académica.
En los círculos médicos y científicos, donde existía el temor de que los recortes de financiación pudieran haber causado daños irreparables a décadas de progreso en avances de investigación, el acuerdo fue visto por algunos como una decisión pragmática para priorizar la salud a largo plazo de la universidad por sobre una posición moral.
Howard J. Worman, profesor de medicina, patología y biología celular y miembro del senado universitario, advirtió que los recortes adicionales a la financiación federal podrían haber provocado la salida de profesores prometedores, especialmente del centro médico. Calificó el acuerdo como “la mejor manera de avanzar” y afirmó apoyar “totalmente” la decisión de la universidad.
“Creo que Columbia está en el camino correcto”, dijo Worman.
Otros miembros del profesorado estaban preocupados de que el acuerdo, negociado en el contexto de un movimiento estudiantil pro palestino que ha organizado manifestaciones en los jardines y bibliotecas del campus durante más de un año, pudiera tener un efecto paralizador sobre el activismo estudiantil.
“El propósito de esto es tener un efecto en el discurso político en el campus”, dijo Joseph Howley, profesor de estudios clásicos y miembro del senado universitario.
Algunos expertos externos dijeron que podían entender ambas perspectivas, pero argumentaron que los crecientes ataques de la administración Trump habrían creado un profundo dilema para cualquier escuela.
Ted Mitchell, presidente del Consejo Americano de Educación, que representa a más de 1.600 campus en todo el país, dijo en una declaración el jueves que Columbia se vio obligada a “una posición insostenible por las acciones escandalosas del poder ejecutivo del gobierno”.
Mitchell afirmó que valoraba el compromiso de la universidad de preservar su autonomía institucional y señaló que el acuerdo se alcanzó “en un contexto de opciones limitadas y prácticamente sin el debido proceso”. Sin embargo, insistió en que estas tácticas no podían convertirse en un modelo para la Casa Blanca.
“Utilizar las acusaciones de antisemitismo como arma política nos lleva por un camino muy perjudicial”, dijo Mitchell, añadiendo que ello amenazaría no solo la educación superior, sino también los valores fundamentales estadounidenses.
Durante los últimos tres meses, muchos académicos y políticos han evaluado la respuesta de Columbia a la represión de Washington contra la Universidad de Harvard, que optó por demandar para restablecer los recortes a la financiación federal y preservar su capacidad para matricular estudiantes internacionales. La administración Trump ha presentado su conflicto con ambas universidades como una respuesta justificada al antisemitismo.
El representante Jerrold Nadler, uno de los líderes judíos más prominentes de Nueva York y graduado de Columbia, coincidió en que la universidad debe redoblar sus esfuerzos para proteger a los miembros de su comunidad judía. Sin embargo, afirmó que, a diferencia de Harvard, su alma máter “efectivamente ondeó la bandera blanca”, permitiendo que “una institución otrora muy respetada sucumbiera” a la coerción.
“Esta acción vergonzosa y humillante no mejorará de ninguna manera la situación en el campus para los estudiantes judíos”, dijo Nadler en un comunicado.
Aun así, Gil Zussman, profesor de ingeniería eléctrica y informática de Columbia, dijo que era significativo que el acuerdo incluyera un reconocimiento del “antisemitismo y el odio antiisraelí que se dirigieron a los estudiantes, el personal e incluso los profesores durante casi dos años”.
Algunos expertos en derecho argumentaron que la naturaleza misma del acuerdo requiere tanto escrutinio como sus términos.
David Pozen, profesor de Derecho de Columbia, escribió en una entrada de blog que la aceptación por parte de la administración Trump de acuerdos secretos para reformular las operaciones de una institución “plantea profundas preocupaciones no solo para los presupuestos y la independencia de las universidades, sino también para el estado de derecho”.
Estos acuerdos, realizados sin investigaciones exhaustivas ni conclusiones judiciales de mala conducta, sirven para aumentar el poder ejecutivo, marginar al Congreso y a los tribunales y sembrar el miedo en toda la sociedad civil, escribió.
“El patrón es claro”, declaró Pozen en una entrevista el jueves. “Este es un estilo regulatorio que el presidente Trump favorece, lo cual no sorprende, porque combina sus instintos capitalistas para negociar con sus instintos autoritarios para intimidar”.
Entre algunos defensores y abogados de inmigración, el acuerdo de Columbia de notificar al Departamento de Seguridad Nacional cuando se arresta a estudiantes extranjeros generó especial preocupación. La universidad, como todas las demás, ya tenía la obligación de informar al Departamento de Seguridad Nacional cuando se suspendía o expulsaba a estudiantes internacionales.
Pero Eric Lee, un abogado de inmigración que dirige una organización de defensa legal que se centra en los derechos de los solicitantes de visas, teme que el requisito ampliado pueda desatar una ola de medidas represivas federales contra los estudiantes internacionales que son arrestados durante las manifestaciones, incluso si sus casos nunca conducen a cargos formales o son desestimados posteriormente.
“Es un intento descarado de intimidar a los estudiantes para que no participen en protestas”, dijo.