La libertad de expresión en México enfrenta una nueva amenaza. En las últimas semanas, se ha detectado un preocupante patrón en varias entidades del país donde periodistas, medios y ciudadanos son sancionados legalmente por emitir críticas contra figuras públicas, bajo el argumento de “violencia política de género”. El caso más reciente se ha dado en Acapulco, Guerrero, donde el medio digital Acapulco Trends y su director, Jesús Castañeda, fueron obligados a emitir disculpas públicas diarias durante 15 días por publicar contenido considerado ofensivo contra la alcaldesa.
Este hecho se suma a casos anteriores registrados en Campeche y Tamaulipas, donde autoridades han recurrido a medidas similares, como multas económicas, disculpas forzadas y hasta órdenes de arresto, para responder a publicaciones críticas. En todos estos casos, el factor común es el uso del marco legal de violencia política por razón de género para reprimir la crítica pública en lugar de proteger la participación de las mujeres en política.
En Tamaulipas, el periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal fueron sancionados por sus críticas hacia la presidenta del Tribunal Electoral del estado. En Campeche, diversos comunicadores han denunciado presiones directas desde el gobierno estatal para retirar contenidos incómodos o enfrentar consecuencias legales.
Aunque la lucha contra la violencia política de género es un avance en materia de derechos humanos, expertos y organismos defensores de la libertad de expresión advierten que esta figura legal está siendo tergiversada y utilizada como instrumento de censura política. Las sanciones impuestas no solo afectan a periodistas, sino también a ciudadanos comunes que ejercen su derecho a opinar a través de redes sociales.
Lo más preocupante es que estas decisiones están siendo avaladas por tribunales electorales estatales, lo que genera un efecto de autocensura generalizado. Muchos periodistas locales, especialmente en regiones con altos índices de impunidad y violencia, temen que sus opiniones puedan llevarlos no solo a tribunales, sino incluso a la cárcel.
Diversos colectivos periodísticos, organizaciones como Artículo 19 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han manifestado su preocupación, alertando que esta tendencia amenaza seriamente el derecho a la libre expresión y a la crítica en un país donde ejercer el periodismo ya implica riesgos físicos considerables.
En redes sociales, se ha generado un creciente movimiento de denuncia con hashtags como #NoALaCensura y #MorenaSeDesmorona, donde ciudadanos señalan que las autoridades están transformando mecanismos legales pensados para proteger, en armas para intimidar y callar voces incómodas.
El caso de Acapulco marca un punto crítico en esta cadena de acciones represivas. La sentencia contra Acapulco Trends ha sido catalogada por muchos como un castigo desproporcionado, especialmente en un contexto donde el derecho a la crítica es fundamental para la vida democrática. La obligación de emitir disculpas públicas durante 15 días consecutivos es vista por muchos como una forma moderna de humillación pública.
En conclusión, México atraviesa un momento clave: o se reafirma el compromiso con la libertad de expresión y se corrige el uso abusivo de figuras legales, o se avanza hacia un modelo en el que la crítica política es castigada con todo el peso del aparato institucional.