Más de 11 millones de refugiados y personas desplazadas en todo el mundo podrían quedarse sin asistencia vital este año debido a una grave crisis de financiación. La advertencia proviene del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ha visto paralizados o recortados numerosos programas esenciales por un déficit presupuestario sin precedentes. La situación pone en peligro el acceso a alimentos, salud, vivienda, agua potable, educación y protección para millones de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Los recortes alcanzan un valor estimado de 1.400 millones de dólares, lo que ha llevado a la suspensión o reducción de operaciones en múltiples países. En Bangladés, unos 230.000 niños rohinyás podrían perder el acceso a la educación. En Líbano, el sistema sanitario que atiende a refugiados corre el riesgo de colapsar por completo. En Sudán del Sur, el cierre de más del 75 % de los espacios seguros para mujeres y niñas ha dejado a decenas de miles sin apoyo psicosocial, atención médica ni protección frente a la violencia.
La reducción de ayuda financiera también ha afectado directamente a poblaciones desplazadas en Uganda, Níger y Ucrania, donde muchas familias viven hacinadas o sin refugio. En algunos casos, la asistencia económica se ha reducido hasta en un 60 %, limitando la capacidad de las personas para cubrir necesidades básicas como el alquiler o la alimentación. A esto se suma la suspensión de traslados humanitarios, dejando a miles de personas atrapadas en zonas peligrosas sin posibilidad de reasentamiento.
El déficit de financiación refleja una caída alarmante en los aportes internacionales. A mitad del año, ACNUR había recibido apenas una cuarta parte del presupuesto necesario para 2025, lo que impide atender de forma adecuada el aumento constante de personas desplazadas por conflictos, crisis climáticas y persecuciones. La agencia ha advertido que, sin una respuesta inmediata por parte de los donantes, millones podrían quedar completamente desatendidos antes de fin de año.
Las consecuencias de esta crisis humanitaria se extenderán mucho más allá de 2025 si no se revierte la falta de apoyo financiero. Las personas refugiadas no solo perderán acceso a bienes esenciales, sino también la esperanza de una vida digna. La comunidad internacional enfrenta un momento crítico en el que debe decidir entre actuar con responsabilidad o permitir que millones de vidas vulnerables queden en el olvido.