Un hombre venezolano presentó el jueves una denuncia formal contra el gobierno de Estados Unidos por enviarlo a la prisión más notoria de El Salvador, una nueva estrategia legal que podría ser duplicada por otros que han dicho que fueron acusados falsamente de pertenencia a una pandilla por el gobierno del presidente Donald Trump.
El vecino Adrián León Rengel, de 27 años, presentó lo que llamó una queja administrativa ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, alegando que empleados federales lo expulsaron injustamente de los Estados Unidos sin causa ni debido proceso.
La demanda de Rengel, que solicita una indemnización por daños y perjuicios de 1,3 millones de dólares, no es una demanda interpuesta ante un tribunal, sino una acción interpuesta ante el gobierno alegando una violación de la ley. Es la primera de este tipo interpuesta por uno de los 252 venezolanos deportados por la administración Trump a El Salvador en marzo.
Invocó la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, una ley estadounidense que permite demandar al gobierno estadounidense por actos ilícitos cometidos por empleados federales en el ejercicio de sus funciones. Según dicha ley, se debe presentar una queja ante la agencia competente antes de poder interponer una demanda.
El gobierno tiene ahora seis meses para investigar y responder a la denuncia de Rengel. Si rechaza su reclamación o no responde en ese plazo, Rengel podría demandarlo ante un tribunal federal.
El presidente republicano, que hizo campaña en las elecciones del año pasado con la promesa de deportaciones masivas, invocó en marzo una ley de 1798 llamada Ley de Enemigos Extranjeros como parte de un esfuerzo para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas venezolanas a El Salvador.
La ley autoriza al presidente a deportar, detener o imponer restricciones a personas cuya principal lealtad sea hacia una potencia extranjera y que puedan representar un riesgo para la seguridad nacional en tiempos de guerra. La última vez que el gobierno estadounidense invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, que históricamente se ha empleado solo en tiempos de guerra, fue durante la Segunda Guerra Mundial para internar y deportar a personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana.
Los deportados venezolanos estuvieron recluidos incomunicados en la prisión de máxima seguridad CECOT de El Salvador hasta que fueron devueltos a Venezuela la semana pasada como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela.
Familiares y amigos de algunos de ellos afirmaron que los deportados no eran pandilleros y que fueron acusados injustamente por sus tatuajes, gestos y vestimenta. Funcionarios del gobierno venezolano y deportados han declarado haber sido torturados en prisión.
Los abogados de Rengel dijeron en la denuncia que, debido a sus tatuajes, empleados del DHS lo detuvieron en el estacionamiento de su apartamento en Irving, Texas, y lo acusaron falsamente de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, reiteró en un comunicado el jueves la afirmación del gobierno estadounidense de que Rengel estaba vinculado con el Tren de Aragua y afirmó que se le consideraba una amenaza para la seguridad pública. McLaughlin afirmó que Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no permitirán que terroristas extranjeros operen en nuestro país y pongan en peligro a los estadounidenses.
Rengel alegó que, después de trasladarlo a un centro de detención, los empleados del DHS le mintieron diciéndole que lo enviarían a Venezuela.
“En cambio, durante más de cuatro meses, Rengel languideció en El Salvador –que no es su país de origen y un lugar con el que no tiene vínculos–, donde sufrió abusos físicos, verbales y psicológicos”, señala la denuncia.