Uno de los principales organismos de lucha contra la corrupción en El Salvador, la Iniciativa por la Transparencia Legal (ITL), se ha visto obligado a exiliarse tras lo que describe como una “campaña coordinada de acoso” por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. La directora del grupo, María Elena Ramos, junto con ocho investigadores senior, huyeron esta semana a Costa Rica después de que se emitieran órdenes de arresto en su contra por cargos de “conspiración y delitos financieros”—acusaciones que califican como represalia política por sus investigaciones sobre corrupción de alto nivel.
La represión comenzó el mes pasado cuando la policía allanó las oficinas de la ITL en San Salvador, incautando computadoras y registros financieros bajo el pretexto de investigar “interferencia extranjera.” Días después, legisladores oficialistas presentaron un proyecto de ley para revocar el estatus legal de las ONG que reciben financiamiento internacional, una medida claramente dirigida contra grupos críticos del gobierno. La ITL, que investigaba el mal uso de fondos públicos en un megaproyecto vinculado al círculo cercano de Bukele, denunció que su personal enfrentó vigilancia, amenazas de muerte y ciberataques antes de decidir huir.
Organismos internacionales han condenado la persecución, con Amnistía Internacional calificándola como un “grave retroceso democrático.” La ONU expresó preocupación por el cierre de espacios cívicos en El Salvador, donde Bukele—a pesar de su altísima popularidad—ha debilitado sistemáticamente los controles al poder, reemplazando jueces y fiscales con aliados. Mientras tanto, medios estatales pintan a la ITL como “agentes extranjeros” que buscan sabotear la “guerra contra las pandillas”, un discurso que cala en su base pero alarma a defensores de la transparencia.
El exilio de la ITL refleja una tendencia regional, con organismos anticorrupción en Guatemala, Honduras y Nicaragua enfrentando represión similar. Sin vigilancia independiente en El Salvador, expertos advierten que la corrupción podría agravarse, incluso mientras Bukele se consolida como líder autoritario de cara a las elecciones del próximo año. La Unión Europea y el Congreso de EE.UU. debaten ahora imponer sanciones a funcionarios involucrados en la represión—una medida que tensionaría aún más las relaciones con un gobierno que ya ha expulsado periodistas y cerrado medios críticos.